Este no es el único frente judicial que tiene abierto Castor. El juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs ha abierto una causa por las supuestas irregularidades durante la tramitación de los permisos.
El PSOE, el Parlamento catalán y la Generalitat decidieron recurrir el decreto por el que se paralizó el proyecto y que supuso que la empresa promotora Escal UGS recibiera 1.350 millones como compensación.
El PSOE recurrió el decreto ley a comienzos de año, al considerar que la empresa promotora de Castor ha recibido una indemnización de 1.350 millones que se repercutirá en la tarifa de gas durante 30 años sin intentar saber qué había pasado. El texto presentado por el partido ante el TC argumenta que hasta seis artículos del decreto ley exceden el marco y los criterios constitucionales establecidos. En concreto, los socialistas consideran que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.
